Durante décadas, la Argentina discutió la deuda externa, el déficit fiscal, las reservas y el riesgo país. Hoy debemos empezar a hablar de otra deuda, mucho más cercana y silenciosa: la deuda interna de las familias argentinas.
No aparece como deuda pública ni altera las cuentas del Tesoro. Está en otro lugar: en el resumen de la tarjeta, en los préstamos personales, en las cuotas acumuladas y, cada vez más, en las billeteras virtuales.
Y detrás de esos números hay una realidad política que el Gobierno nacional no debería ignorar: cuando el ajuste se prolonga, la economía se frena y los ingresos familiares pierden capacidad, una parte del desequilibrio que desaparece de las cuentas públicas puede reaparecer en las cuentas privadas.
En Tucumán tenemos una fotografía preocupante de ese fenómeno.
El informe de CEPA señala que, a julio de 2026, existen 257.365 personas morosas en nuestra provincia. La morosidad alcanza el 18,9%, frente al 15,7% nacional, y llega al 35,1% entre quienes se financian mediante billeteras virtuales.
No estamos hablando de una cuestión marginal.
El 67,1% de los morosos tucumanos tiene entre 25 y 54 años: trabajadores, comerciantes, profesionales, pequeños emprendedores y padres y madres de familia que están en plena edad productiva.
Ahí está apareciendo una nueva vulnerabilidad argentina: la de una clase media que todavía trabaja, todavía consume y todavía paga impuestos, pero que cada vez tiene menos margen para absorber un imprevisto sin recurrir al crédito.
Cuando una persona se endeuda puede ser una decisión individual. Cuando cientos de miles atraviesan simultáneamente dificultades para cumplir sus obligaciones, estamos ante un problema económico y social.
Por eso no alcanza con decir que cada familia es responsable de sus deudas.
Por supuesto que lo es. Tampoco se trata de que el Estado pague indiscriminadamente las obligaciones privadas. Eso sería injusto con quienes cumplen e irresponsable desde el punto de vista fiscal.
El desafío es otro: evitar que el sobreendeudamiento se transforme en una nueva forma de exclusión social.
La Argentina necesita una política específica para recuperar financieramente a sus familias: mecanismos de refinanciación para situaciones críticas, defensa del consumidor financiero, regulación y transparencia del crédito digital, educación financiera y herramientas para evitar que una dificultad transitoria termine convirtiéndose en una deuda imposible de pagar.
Pero eso sólo trata el síntoma.
La verdadera solución es volver a poner en movimiento la economía real.
Necesitamos inversión, producción, PyMEs funcionando, comercios vendiendo, empleo privado y recuperación del poder adquisitivo.
Porque ninguna refinanciación será suficiente si una familia cancela una deuda y al mes siguiente necesita volver a endeudarse para sostener sus gastos.
El Gobierno nacional tiene derecho a reivindicar el equilibrio fiscal como objetivo. Lo que no puede hacer es convertirlo en la única medida del éxito económico.
Un país no está verdaderamente ordenado si el Estado consigue equilibrar sus cuentas mientras las familias pierden el equilibrio de las suyas.
El próximo desafío argentino será pasar del ajuste al crecimiento y de la estabilidad macroeconómica al bienestar cotidiano.
Y allí el peronismo también tiene una responsabilidad: construir una alternativa que no proponga regresar al déficit, la inflación y el desorden, sino avanzar hacia algo superador: estabilidad económica con producción, equilibrio fiscal con crecimiento y responsabilidad en las cuentas públicas con sensibilidad social.
Porque la verdadera movilidad social ascendente tiene una regla muy sencilla: que quienes están abajo puedan subir y que quienes lograron llegar a la clase media no vuelvan a caer.
Ésa es la deuda interna que la política argentina deberá comenzar a pagar.
